Sandoval Ballesteros a contracorriente de la corrupción

Una andanada de voces se unió para intentar desprestigiar a la doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros. No es casual que esto suceda. Su militancia y acción dentro de la cuarta transformación nos debe llevar a una valoración crítica respecto de su función histórica dentro del gobierno federal. Presentar como un fracaso su gestión tiene como fundamento debilitar seriamente uno de los pilares con los que se está construyendo este movimiento. No hay que permitirlo, es importante por eso ir a contracorriente de este mundo al revés.

El presidente López Obrador tiene como una de las banderas principales de este movimiento el combate frontal contra la corrupción. Reconoce que este problema es estructural en la forma en cómo opera la política y la economía en el país. Lo que dio paso a un proceso de degradación de la vida pública que devino en una espiral de violencia, que hasta ahora sigue siendo uno de los problemas más serios contra los que nos enfrentamos.

Para la labor de contener la corrupción dentro de su gobierno y llevar a cabo reformas que no permitieran en el futuro este tipo de actos, el presidente López Obrador se apoyó en el primer tramo de su mandato en una mujer del sur, cuya familia tiene una historia de lucha y de acompañamiento de las causas sociales más importantes.

No era menor la tarea que se le encomendó, ya que las condiciones en las que se encontraba la Secretaría de la Función Pública fueron prácticamente las de un cascarón administrativo. Lo que había hecho el neoliberalismo era atacar sistemáticamente la rendición de cuentas, la transparencia, la fiscalización y desmantelar a los Órganos Internos de Control para mantener la lucha contra la corrupción como un simulacro. De hecho, las leyes que heredó esta Secretaría y que podía utilizar a su favor para frenar la corrupción fueron diseñadas para mantener el régimen de impunidad, lo que no pocas veces obstaculizaron su trabajo.

En ese sentido, la doctora Sandoval Ballesteros como integrante del primer gabinete paritario de la historia, convocó con el impulso de la cuarta transformación a establecer una nueva ética en el servicio público, volvió la honestidad una guía para hacer valer la ley y la normatividad aplicable sin distingos. Es decir, acabar con el simulacro contra el combate a la corrupción, una tarea que le generó muchos enemigos, que con su salida en esta primera etapa dentro del gobierno federal se mostraron.

No era para menos, muchos de los contratistas adictos a la corrupción en este primer tramo se vieron seriamente afectados, no se permitieron licitaciones que estuvieran fuera de la normatividad y que, además, presentaran cualquier tipo de negociación por debajo de la mesa. Se cumplió el mandato de barrer las escaleras de arriba hacia abajo, a pesar de las profundas resistencias que aún persisten. No se prestó a mantener la impunidad de forma sistémica.

Un primer paso para lograr este objetivo fue trabajar de la mano del pueblo, escuchar sus constantes denuncias, se avanzó en volver a las denuncias ciudadanas una fuerza vital para detener los actos de corrupción. Cuando el presidente López Obrador hace referencia que el pueblo no se equivoca y que por lo tanto hay que escucharlo, en la Función Pública eso se volvió un hecho, y habrá que decirlo, un hecho sin precedentes.

Se acompañó este ejercicio inédito con la aplicación de nuevas tecnologías, tanto con el desarrollo de Big Data como la protección de los alertadores internos y externos contaban con una plataforma digital que no los rastreaba en dado caso de proporcionar información confidencial y delicada. Se privilegió el cuidado de este tipo de alertadores manteniendo siempre la secrecía y la seguridad para su entorno.

Además, se avanzó en cumplir compromisos que México no había querido realizar a pesar de estar incluidos en convenios internacionales de combate a la corrupción firmados por gobiernos neoliberales. Con la llegada de este gobierno las cosas cambiaron, y para muestra la implementación de los acuerdos de la Convención Interamericana de Combate a la Corrupción.

Uno de los elementos centrales para permitir que la economía haya podido sortear los embates de la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 sin endeudarse fue sin lugar a duda la aprobación de la Ley Federal de Austeridad Republicana y su posterior aplicación. No fue nada fácil que las secretarias y la estructura de gobierno asumiera este reto, ya que no estuvo exento de contradicciones. Los ahorros provocados por esto fueron del orden de un billón doscientos mil millones de pesos. La propia Secretaría de la Función Pública recuperaba el valor de su operación con las acciones que realizaba, se autosustentaba.

Es muy importante que se lograra avanzar catorce posiciones en el Índice Global de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, lo que muestra los avances de nuestra imagen en el mundo. Uno de los logros que más atacan los conservadores.

La Función Pública estableció un Padrón de Integridad Empresarial que ha logrado ir generando una competencia leal. Se pudieron imponer 423 sanciones a 361 empresas a pesar de las resistencias y de los jaloneos con el Poder Judicial y al interior del propio gobierno. Se golpeó fuertemente la corrupción de monopolios farmacéuticos, monopolios de arrendadoras de cómputo, arrendadoras de vehículos, de seguridad, de fianzas, de limpieza, entre otros.

La impunidad no fue el sello de la casa como lo han querido hacer ver los medios de comunicación masivo manipulando casos ante la opinión pública como los de Bartlett o el haber inventado valores de propiedades adquiridas y declaradas en tiempo y forma. Este ataque rabioso tiene un origen y se encuentra en el fin de su financiamiento público, en haberle cerrado el paso a la compra de la opinión pública. No es de extrañarse que los ataques y las deformaciones provengan de uno de los principales operadores de un montaje televisivo en donde la tortura fue indispensable.

Se ha querido mostrar este periodo como un fracaso, incluso desde en un sector del mismo movimiento, que se entiende por su afán pactista con el prianismo, y espera que la lucha contra la corrupción no se concrete cuando la corrupción venga de este lado. No hay que caer en la provocación.

Una de las principales argumentaciones para desacreditar ha sido confundir, como si la Función Pública tuviera las funciones de la Fiscalía General de la República y fuera esta la encargada de montar operativos para meter a la cárcel a los corruptos. Una distorsión intencional.

Otra cosa es la discusión seria sobre que la normatividad debe ser reformada para ir más lejos en la lucha contra la corrupción. Presentar esto como un límite de la administración de la doctora Irma Eréndira es demagogia.

No le perdonaron ser mujer, del sur, intelectual, morena y de izquierda, se burlaron hasta de su sonrisa en su entrega de resultados con el presidente López Obrador, que dicho sea de paso fue de una persona que se muestra llena de satisfacción por el trabajo realizado, y de todos modos su contribución a la cuarta transformación fue estratégica para abrir camino en la construcción del posneoliberalismo. A contrapelo del mundo al revés mostrando todos estos logros habría que decir como Galileo, y sin embargo, se mueve.

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