CENTRALISMO

Después de los (afortunadamente) breves tiempos imperiales de Agustín de Iturbide 1822-1823 (nueve meses) y de Maximiliano de Habsburgo, 1863-1867, es oportuno y pertinente preguntarse si en nuestro país se están generando, deliberada o inconscientemente, las condiciones para exacerbar el centralismo que nos ha caracterizado y, con ello, instaurar, formal o informalmente, el tercer Imperio mexicano; es decir, en lugar de una Cuarta Transformación (4T), un Tercer Imperio (3I), con un Monarca o Emperador en los hechos al que las provincias le deben rendir culto y tributo.

Según algunos de nuestros historiadores, el México independiente siempre ha tenido una clara tendencia o carga centralista con una fachada federalista inscrita en la Constitución de 1917. Aunque nos inspiramos en los ideales liberales de la Revolución Francesa y en los contenidos de la Constitución de Estados Unidos, no logramos permear o aterrizar adecuadamente esos principios en nuestra Carta Magna y, menos aún, en el ejercicio gubernamental.

Muchos debates y algunas fricciones entre los tres órdenes de gobierno se han dado a lo largo de nuestra vida constitucionalista; pero quizá nunca en el siglo XX y lo que va del XXI, se habían manifestado tantas señales y acciones centralistas como las que ahora se están promoviendo desde el Poder Ejecutivo Federal.

Concentrar el poder de una nación en sólo uno de los poderes constituidos, y centralizar la toma de las decisiones políticas fundamentales (presupuestaria, salud, educación y seguridad), lo primero que provoca y concita es una reacción en sentido contrario por parte de los otros dos órdenes de gobierno que se sienten agredidos por esas medidas centralizadoras. En este contexto, la insurgencia de la Alianza Federalista y las demás manifestaciones de los municipios organizados, se explica como una lógica respuesta de una nación que se siente lastimada y ofendida por este asalto, atraco o invasión de funciones legales e históricamente reservadas o atribuidas a los municipios y a los estados.

La estrategia o política sanitaria instrumentada por el Gobierno Federal en relación con la Pandemia del COVID-19, ilustra a la perfección cómo ese poder ha asumido el control prácticamente absoluto en esa materia, ignorando no sólo a los gobiernos estatales sino a las propias leyes que obligan a una acción concertada nacionalmente a través del Consejo de Salud y el de Vacunación, mismos que no han sido convocados para esos propósitos, con las consecuencias nefastas que hasta hoy hemos sufrido.

Por otra parte, la creación y operación de la Guardia Nacional con las facultades metaconstitucionales en materia de Seguridad Pública, ha arrebatado a los municipios de México esta atribución que les era exclusiva. En esta virtud, aunque sería el colmo y en el extremo del absurdo, nada impediría ver en el futuro próximo que a la GN también se le otorguen atribuciones para atender los otros servicios públicos municipales como el alumbrado público, suministro de agua y drenaje, recolección de basura, limpieza, etc.

A lo anterior, debe sumarse el endoso a las fuerzas armadas (Ejército y Marina) de actividades que históricamente les eran muy ajenas, acuartelando y militarizando con ello una buena parte de la vida nacional.

Finalmente, el golpeteo y embestida en contra de los fideicomisos y otros organismos autónomos como el INE, IFT e INAI, parecieran demostrar que aquella polémica expresión “al diablo con las instituciones” fue no un dislate sino una proclama de gobierno y un plan de acción para lograr el desmantelamiento de todos los contrapesos y equilibrios del poder federal.

Un Poder Judicial Federal sometido, un Poder Legislativo Federal controlado y una Fuerzas Armadas cooptadas, arrojan un presente y un futuro incierto.

¿O usted cree lo contrario?

Esa es una duda sustentable.

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