Chihuahua podría ser considerado como víctima de desfalco

Este 18 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá si el estado de Chihuahua tiene calidad de víctima por el desvío de 250 millones de pesos durante el 2016.

Los recursos fueron utilizados para financiar campañas del PRI, en un caso conocido como “Operación Zafiro”, y en la cual participaron funcionarios del gobierno de César Duarte y de la SHCP.

Si la sentencia es favorable…

El Consejero Jurídico del gobierno de Chihuahua, Jorge Espinosa Cortés, explicó que si la sentencia es favorable, la Fiscalía General del Estado podría retomar la investigación en contra de Alejandro Gutiérrez y otros funcionarios federales de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

“Si el estado de Chihuahua recupera la calidad de víctima, no tendría por qué surtir efectos el sobreseimiento, porque la víctima nunca dio ese consentimiento, es decir, el estado de Chihuahua nunca consintió que la hoy FGR le solicitara al juez de control federal el sobreseimiento, por lo cual, al no haberse considerado el consentimiento del estado de Chihuahua, y de recuperarse el caso, se tendría que continuar el proceso en contra de esta persona”.

Además expuso que desde febrero del 2018, algunos jueces federales de un Tribunal Colegiado resolvieron que la “Operación Zafiro” no era de competencia estatal, lo que provocó que la Federación atrajera el caso a través de la PGR:

“El gobierno federal de Peña Nieto hizo hasta lo imposible por quitarle el caso a Chihuahua y llevárselo a la Federación, y allá de alguna manera pretendieron exonerar a Alejandro Gutiérrez, y obviamente hicieron una operación importante con el Poder Judicial de la Federación para lograr esos fines”.

Lo anterior aunado al hecho de que el juez de control del Reclusorio Norte, Gerardo Moreno García determinó el 4 de mayo del 2018 que Chihuahua no podía ser víctima pues los recursos públicos desviados con la “Operación Zafiro” eran de carácter federal, no estatal.

Al respecto, Espinosa Cortés dijo:

“Es de mucha importancia lo que la Corte va a resolver el miércoles porque si reconoce que esos recursos son estatales, entonces se tendría que reponer todo el procedimiento penal para el que estaba en ese momento procesado y se pudiera continuar con investigaciones importantes que quedaron pendientes por haberse arrebatado ese asunto y llevado a la Federación”.

Sobre el origen de los recursos, precisó que:

“Están todos los elementos y las pruebas que acreditan que el recurso es estatal y no federal, incluso las mismas autoridades federales, empezando por la Auditoría Superior de la Federación, siempre han establecido que ese recurso no es federal y que al erario federal no se le ha causado ningún daño”.

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