Guerrero: obligan a las niñas violadas a ser madres… desde los 10 años

La llamaremos María. Ella es una niña de nueve años de edad que el pasado 14 de febrero llegó junto con una familiar al Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo a solicitar la interrupción de su embarazo.

María viajó desde su pueblo, en un recodo desde la Montaña de Guerrero. La niña y su familiar hicieron la solicitud de la interrupción del embarazo conforme lo indica el artículo 159 del Código Penal del estado: con una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por el delito de violación sexual y con la autorización expresa de esta autoridad.

En el hospital se negaron a realizar el procedimiento, incluso intentaron convencerla para que continuara con su gestación, la enviaron a otro hospital: el de la Madre y el Niño Guerrerense. El caso trascendió a los medios y obligó a que las autoridades de Guerrero reconsideraran.

Finalmente, la noche del miércoles, la Secretaría de Salud estatal informó que María fue internada para iniciar su interrupción del embarazo.

En el comunicado, la dependencia señala que después de que le ofrecieron información “objetiva” y “veraz”, María y su familiar “tomaron la decisión de continuar el procedimiento”.

 

Una dolorosa constante

El caso de María no es el único. En otros hospitales de Guerrero ha existido resistencia para interrumpir el embarazo producto de una violación sexual.

Viridiana Gutiérrez Sotelo, coordinadora del Observatorio Ciudadano de la Violencia hacia las Mujeres de Guerrero y promotora de la segunda Alerta de Violencia de Género por agravio comparado, documentó en 2021 al menos ocho casos en cuatro hospitales donde se negaron a interrumpir el embarazo a mujeres que fueron violadas.

La activista hace el recuento: en julio, al hospital de Chilpancingo llegó una joven me’phaa para solicitar la interrupción de su embarazo, porque fue violada, y se la negaron. Hubo largas hasta que una médica le dio una pastilla. En septiembre, al hospital de Iguala llegó una niña de 14 años embarazada. Fue violada y presentó su denuncia ante el MP; sin embargo, personal del DIF municipal la convenció para que continuara con el embarazo.

En octubre, en el municipio de Ayutla, una adolescente de 17 años solicitó la interrupción del embarazo tras haber sido violada por su novio. En el hospital de Ayutla le negaron el servicio y organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres la acompañaron a la Ciudad de México a practicarse el aborto.

En octubre también, llegó una niña de 13 años al hospital de Chilpancingo, después de que le negaron la interrupción del embarazo en un centro de salud en Juan R. Escudero. Después de días, por la presión de organizaciones, accedieron.

En noviembre, en el hospital de Taxco, una niña de 13 años que fue violada por su hermanastro se presentó con la denuncia y la autorización del MP para la interrupción del embarazo. Se lo negaron. Al final accedieron, pero la enviaron a un centro de salud.

“Accedieron porque intervenimos, pero con mucha violencia. El director la envió al centro de salud a tomar el medicamento, pues no quería que mancharan su hospital”, recuerda.

En diciembre, una mujer de 30 años con discapacidad cognitiva solicitó un aborto en el hospital de Iguala. Fue violada por un vecino, un hombre de 70 años. Se lo negaron pero, otra vez, por la intervención de organizaciones practicaron el aborto.

 

Un tema pendiente

El caso de María se hizo público al tiempo que en el Congreso de Guerrero hay una iniciativa para despenalizar el aborto. La tercera en la última década.

En Guerrero se han declarado dos Alertas de Violencia de Género, una por agravio comparado, donde ordena legislar para homologar la Norma 046 con el Código Penal para garantizar a las niñas y mujeres víctimas de violación el acceso a la interrupción del embarazo sin interponer una denuncia penal y, menos, tener la autorización de un MP.

La nueva iniciativa tiene un mes en el Congreso, con poca atención; sin embargo, el caso de María provocó el debate y mostró algo de lo que podría venir.

La diputada del PRI Julieta Fernández dijo:

“No sabemos qué fue lo que le sucedió a esta niña, pero creo que esta historia es desgraciadamente el caso de muchas otras que empiezan su vida sexual y reproductiva a los 10 años, definitivamente por causa de violación o porque así acostumbran (…), y que tienen más de siete hijos por mujer”.

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