Así es como el INE busca ahorrar para revocación de mandato

El INE anunció que trabaja en un proyecto en el cual contempla disminuir el número de casillas, contar con un menor número de capacitadores y abaratar la impresión de las boletas electorales con la finalidad de cumplir la orden de la SCJN de no suspender la revocación de mandato.

El presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto, Jaime Rivera, precisó que estas medidas solo se podrán implementar si lo autoriza la SCJN.

El INE sostiene que el organizar y efectuar la consulta de revocación de mandato requiere de 3 mil 890 millones de pesos, sin embargo los diputados solo asignaron 830 millones de pesos.

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Aunque ya se realizaron ciertos ajustes, el Consejo General acordó llevar a cabo otras actividades de organización, como es el proceso de recepción y validación de firmas ciudadanas que se requieren para convocar el ejercicio.

Así lo explicó el consejero Rivera:

“La Corte podrá darnos certeza jurídica sobre lo que podemos hacer, ya sea con un presupuesto mayor, ya sea con los recursos disponibles y permitiendo que se hagan ajustes operativos que son inevitables; el INE está haciendo un esfuerzo de disminución de costos, pero no puede hacer milagros.

Estamos analizando, junto con las áreas ejecutivas y técnicas, otros ajustes que se podrían hacer para disminuir los costos, de tal manera que, si tenemos que organizar esta consulta revocatoria con mucho menor presupuesto que el estimado, es decir, con un 40 % de lo que solicitó el INE, ¿qué tanto podríamos disminuir algunos gastos que están previstos en la ley sin que por ello se afecte la certeza, la imparcialidad y la calidad de la participación ciudadana en un ejercicio como este?”

 

Reducción de casillas

Con respecto a la disminución de casillas, Rivera precisó que no se pueden instalar menos casillas por falta de recursos, ya que en la Ley Federal de Revocación de Mandato se establece que se debe contar con el mismo número de urnas que en la elección federal, sin embargo:

“Una autoridad judicial, sea la Corte o el Tribunal Electoral federal, sí puede ordenar un ajuste y una dispensa a algunas de las condiciones establecidas en la ley. Eso no le corresponde hacerlo a un órgano administrativo, sino a uno jurisdiccional, que puede exceptuar algunas de las condiciones que están en la ley electoral, a fin de hacerlo compatible con la disponibilidad de recursos”.

Al ser una de las actividades más costosas, la reducción de casillas sería una de las cosas más útiles que se podrían hacer pues también implicaría una menor cantidad de funcionarios de casilla:

“Tiene mucho impacto el número de casillas, principalmente en la cantidad de los ciudadanos que se tienen que capacitar para integrar las mesas directivas y los capacitadores que se deben de contratar para que hagan el trabajo de campo, pues ellos tienen que visitar millones de hogares invitando a los ciudadanos a participar y luego los tienen que reunir, y se da una capacitación para ir seleccionando a quienes son aptos para cumplir la función importante de recibir y contar los votos ciudadanos; esa es la actividad más costosa y que inevitablemente se tiene que ver afectada”, explicó Rivera.

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