Café jurídico y político

AMLO con FRENAA

Foto: Milenio

A nivel nacional, la población pareciera estar acostumbrándose a la radicalización de las opiniones políticas, y que tienen su máxima expresión de manera pública en las marchas de la agrupación FRENAA (Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador); y en lo privado, soy testigo de que la gran mayoría de las personas inconformes con el Gobierno Federal en turno, han optado por guardar silencio, se reservan sus opiniones, e incluso, han optado por comunicarse de manera discreta mediante aplicaciones de mensajería instantánea. 

Estoy convencido de que el discurso revanchista contra expresidentes en las declaraciones políticas, sin que éstas culminen en procesos penales por la vía legal para la persecución de delitos y de los actos de corrupción de administraciones pasadas, puede representar un alto costo político con cargo al partido que ostenta el poder público.

¿Por qué el Presidente deja en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la decisión de perseguir delitos de corrupción? A esta conducta la denominaré como “el juego de poder entre Poderes de la Unión”.

Esta semana fue noticia nacional el proyecto del Ministro Luis María Aguilar Morales en el que propone que la consulta popular formulada por el Presidente por medio del Senado de la República, a fin de juzgar a expresidentes sea declarada como inconstitucional.

Mi opinión legal y política consiste en que, por supuesto que una consulta popular para impartir justicia es tan ilegal como innecesaria; me parece favorable que no se lleve a cabo la consulta popular, porque la población estaría convirtiéndose en un gran jurado o estructura de la época de la inquisición, o bien, como la muchedumbre del coliseo romano que pedía al Emperador que acabara con la vida de los condenados; ambos casos representarían un acto de barbarie en nuestra civilización contemporánea, y en realidad es un escenario poco probable.

Porque no hay manera de que la SCJN declare que la consulta popular para juzgar a los expresidentes sea constitucional. Desde el punto de vista estrictamente jurídico el proyecto es técnicamente incorrecto porque no se puede declarar inconstitucional “la materia” de la consulta; lo que en todo caso puede ser inconstitucional o no es la pregunta y eso solo muestra la falta de técnica del Ministro ponente.

Insisto, la población no debe ser obligada a votar una consulta popular para juzgar a los expresidentes corruptos, porque esta generación sería condenada a ser recordada en los libros de historia como una muchedumbre iracunda.

Prefiero que durante las próximas décadas, los libros de historia resalten el nombre del señor Presidente Andrés Manuel López Obrador como el prócer que generó un cambio social y que gracias a esto, se impuso el Estado de Derecho a través de la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, cuyo titular fue designado bajo el Congreso de la Unión con mayoría morenista.

Sin duda, el señor Presidente sabe jugar con la prensa, los medios y también sabe administrar sus tiempos de acción política.

¿Qué sucederá si el Poder Judicial de la Federación declara inconstitucional la consulta popular para juzgar a los ex presidentes? No existe medio de impugnación en contra de la resolución que declare inconstitucional la consulta, y la Suprema Corte pagará el costo político.

Pensando maquiavélicamente, tal vez el señor Presidente está esperando a que la ciudadanía le otorgue millones de votos de confianza para preservar el poder en el Congreso de la Unión durante el 2021.

Recordemos que el rechazo a un sistema político corrupto llevó a Morena a Palacio Nacional; y casualmente, si esta consulta es declarada como inconstitucional, entonces, se estaría alimentando socialmente el rechazo al sistema político que designó a la mayoría de los actuales Ministros de la Corte. Va a ser una votación dividida en el pleno de la Corte.

Pensando en un plan de contingencia, si el señor Presidente se deslinda de Morena por la actitud beligerante e indisciplinada de algunos de sus integrantes que no han permitido renovar su dirigencia nacional, cuya actitud pudiera llevar implícita la pérdida del control del Congreso de la Unión, entonces el PJF fungirá como costal de box durante la segunda mitad del sexenio.

En otra publicación continuaremos con el juego de poder entre Poderes de la Unión que sostiene el señor Gobernador en contra del Congreso de Baja California Sur en el P.J.F. Como expuse durante la primera publicación en Tribuna, el objetivo de esta columna consiste en deslindar la responsabilidad de cada político y de cada Poder de la Unión de manera independiente. 

Fb: Ramsés Puente.

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