TECLA 7/6: 2704

TECLA 7/6: 2704

La mayoría de Morena en el Congreso de Baja California Sur, finalmente se quedó con su dicho. De la postura morenista, de su aliado PT y de su aliado sin partido (pero vocero local en una candidatura a la dirigencia nacional de Morena) de que los pronunciamientos sobre juicios políticos del Congreso sudcaliforniano eran inatacables, ayer tuvo que recular y pronunciarse de acuerdo a resoluciones judiciales para la restitución de cuatro diputadas y un diputado local, a los que había destituido en un errático segundo intento para aniquilar la oposición interna en la legislatura sudcaliforniana. Antes, semanas antes, habían fallado al intentar despacharse con la destitución de ocho legisladores.
    No les quedaba otra. A la soberbia y al desdén político de la mayoría morenista a resoluciones judiciales, el filo de la navaja judicial apareció con la advertencia de desacato, lo que podría llevar a severas sanciones hasta de pérdida de libertad.
    Pero, el recular no terminó casi a las 15:00 horas con la jornada legislativa del martes. Hoy, en sesión extraordinaria, se habrán de pronunciar por la segunda desalinizadora para Cabo San Lucas, ya con los votos de los cinco legisladores restituidos –no contará la de los suplentes, por lo que se tendrá que reponer la respectiva y reciente asamblea legislativa--, y en donde se tendrá que tener en cuenta la Ley Reglamentaria y no la Ley Orgánica no reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación --SCJN--.  
   La pretendida Ley Orgánica tiene que ver con el decreto 2704, por la que la mayoría legislativa morenista se había pronunciado el 31 de marzo del presente año para “reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur”.
    Sin embargo, en el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación—SCJN-- se instruye, dado la existencia de dos directivas legislativas en marzo, a mantener el estatus legislativo hasta el 17 de marzo, en adelante no se reconocerían trabajos o pronunciamientos legislativos sudcalifornianos. Es decir, la Ley Orgánica es posterior a la fecha establecida por la SCJN, por lo que hoy el Congreso de Baja California Sur, de pronunciarse por la segunda desalinizadora de Cabo San Lucas, tendría que hacerlo con la Ley Reglamentaria y en consecuencia darse la reposición de todos los trabajos legislativos.
      Al dejarse correr la primera resolución de la SCJN, la mayoría legislativa morenista no sólo dio pie a una segunda directiva, sino hasta una tercera. El gobernador Carlos Mendoza Davis, promovió por tal, ante la falta de certeza jurídica, una controversia ante la SCJN para que se determinara lo conducente sobre la legalidad en el seno del Congreso. Hasta llegar al entrampamiento de estos días con destituciones y restituciones de diputados.
    Encerrados en su mundo, ahora hay un pasote atrás al 17 de marzo. La más alta tribuna de Baja California Sur se pareció a un ring electoral, en el que por falta de certeza las acciones se judicializan.
    La más alta tribuna sudcaliforniana debería de ser escenario de debate y pluralidad, y reconocer que el sistema democrático que nos rige –con partidos ricos y pueblo pobre que contradictoriamente los sostiene—, acoge entre sus principios la vida opositora. No se puede anular a la oposición, sólo por un mayoritario legislativo del “porque lo digo yo”, que ha puesto a la legislatura sudcaliforniana como un mal ejemplo nacional.
    Un fantasma recorrerá hoy el edificio legislativo, el Decreto 2704.
CÓMO SE PROCEDIÓ A LA RESTITUCIÓN
De 21 legisladores, ayer sólo asistieron 13, pero con quórum para proceder a la asamblea de la restitución de los cinco diputados.
    El comunicado de Congreso, dio cuenta:
  “El Congreso del Estado y en virtud de la ausencia de mesa directiva, el Pleno acordó la elección de una mesa directiva para atender la sesión, quedando como presidenta la diputada Mercedes Maciel y las diputadas Petra Juárez como secretaria y Rosalba Rodríguez como vicepresidenta”.
   “Una vez aprobado el dictamen que ordenó la diputada presidenta, ordenó un receso para el retorno de las legisladoras y el legislador”.
   El dictamen de la Comisión de Asuntos Políticos consistió en el resolutivo que determinó textualmente “se revoca y deja sin efecto la resolución del juicio político 02/2020, manteniéndose intacto el procedimiento hasta antes de la emisión de la sentencia, que recayera al mismo absteniéndose a dictar resolución que en derecho proceda; por lo anterior, se ordena la incorporación de los servidores públicos destituidos de sus cargos de diputados e inhabilitados por 2 años para desempeñar cargo en el servicio público, Daniela Viviana Rubio Avilés, Perla Guadalupe Flores,  Lorenia Lineth Montaño Ruiz Leyva, Elizabeth Rocha Torres y Rigoberto Murillo Aguilar. Así mismo, se deja sin efecto las amonestaciones a las diputadas Anita Beltrán Peralta y Maricela Pineda García, y al diputado José Luis Pérpuli Drew; lo anterior, en  espera de  la resolución que se dicte en el incidente de suspensión y en su caso de la resolución de fondo del asunto planteado en el expediente del juicio de amparo 442/2020”. 

GRILLAS Y GRILLOS
--Anoche este tundeteclas tuvo conocimiento del tweet del gobernador Carlos Mendoza: “Reconozco al Congreso de BCS por haber puesto a nuestro Estado y a la legalidad por encima de sus diferencias. Con una integración legítima, aún hay tiempo para que se apruebe mañana (hoy) el proyecto de la desaladora de Los Cabos”. 
--Muy juntitos. Eso sí con cubrebocas…

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