Aprueba Congreso reformas a la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de B.C.S.

Aprueba Congreso reformas a la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de B.C.S.
  • Los ciudadanos que sufran daños en su patrimonio a causa del Gobierno de Estado o Ayuntamientos podrán reclamar la reposición independientemente de la cantidad y amplia el derecho a afectados visitantes
La Paz, Baja California Sur.- El Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de B.C.S., referentes a la indemnización de los ciudadanos cuando son afectados en algún bien o patrimonio debido a una mala gestión o infraestructura a cargo del Estado o municipios. Durante la sesión del martes 25 de junio se dio lectura al dictamen y se aprobó, con lo que con la reforma del artículo 16 de dicha ley quedó derogado en los párrafos uno y tres, referentes al monto reclamado como ser residente del Estado, respectivamente; Actualmente la ley dice que el monto aceptado debe por un total de superior a 25 unidades de medida de actualización (aproximadamente 2 mil pesos) y que tiene ser ciudadano residente para hacer la reclamación de la indemnización; En lo sucesivo afectado podrá reclamar cualquier monto al gobierno o ayuntamientos del bien que perdió o se le dañó, y se elimina el candado de residencia, por lo que se amplía a visitantes y turistas. Al respecto la diputada Milena Quiroga, integrante de la comisión dictaminadora explico que la comisión vio pertinente este cambio ya en Baja California Sur hay muchos turistas, y desde hace años hay una ley que norma a los turistas con un impuesto, en el que los turistas contribuyen, por lo tanto como tienen obligaciones tienen derecho, y es un paso importante, afirmó. La iniciativa fue propuesta por el Diputado, Ramiro Ruiz Flores y dictaminada por la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos, subrayando en el dictamen que atiende al derecho del ciudadano de ser indemnizado y que la entidad pública asuma su responsabilidad por mínima que sea, y por otro lado que no representa un impacto presupuestario toda vez que la misma ley obliga a los gobiernos a prever una partida especial para atender los reclamos ciudadanos.
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