Presentan Iniciativa de reforma a Ley de Responsabilidad Patrimonial en el Estado y Municipios de BCS

Presentan Iniciativa de reforma a Ley de Responsabilidad Patrimonial en el Estado y Municipios de BCS
  • La reforma es al artículo 42 y plantea que el derecho de reclamar indemnización prescribe en tres años, en vez de uno como lo dicta la legislación vigente.
La Paz, Baja California Sur.- El Diputado Marcelo Armenta presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar la Ley de Responsabilidad Patrimonial en el Estado y Municipios de Baja California Sur y tiene como objetivo garantizar el acceso efectivo a la justicia, estableciéndose un plazo para presentar una demanda por responsabilidad patrimonial en contra del Estado. La reforma es al artículo 42, y plantea que el derecho de reclamar indemnización prescribe en tres años, en vez de uno y que se computará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera producido la lesión patrimonial o a partir del momento que hubiesen cesado sus efectos lesivos, si fuesen de carácter continúo. Marcelo Armenta expuso que la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de Baja California Sur tiene como objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización de las personas que, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran una lesión en cualquiera de sus bienes, posesiones o derechos como consecuencia de la actividad administrativa. El legislador explicó que muchas veces se comete la lesión patrimonial y la persona que la resiente se encuentra afectada emocionalmente o bien ocurren otros factores que le impiden ejercer la acción correspondiente dentro del año que señala el articulo 42 de la citada ley. Abundó que para elaborar y soportar correctamente este tipo de demandas se requiere recabar una serie de pruebas de carácter técnico, ya que, de no ser así, muy difícil prosperará, por ello el plazo de un año para presentar la demanda resulta muchas veces insuficiente. Marcelo Armenta concluyó diciendo que los estados deben remover los obstáculos normativos, que impiden o limitan la posibilidad de acceso a la justicia, y se debe ampliar a un plazo más razonable el tiempo, para poder presentar la demanda por responsabilidad patrimonial en contra del Estado, estimando que un plazo de tres años, le otorga al ciudadano la factibilidad para poder integrar debidamente un caso para realizar la reclamación respectiva, ya que le da oportunidad de recuperarse emocional y económicamente. La iniciativa fue turnada a la comisión de asuntos fiscales y administrativos para su dictaminación.
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