El Gobierno mexicano investiga posible fraude en fondo de vivienda para trabajadores

El Gobierno mexicano investiga posible fraude en fondo de vivienda para trabajadores
CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Gobierno de México investiga un posible fraude de más de 260 millones de dólares en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit, estatal), informó el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.
La defraudación consistiría en "una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por la rescisión de un contrato de 5.000 millones de pesos [más de 260 millones de dólares] a una empresa llamada Telra", dijo el funcionario en la conferencia de prensa que da diariamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. La UIF detectó transferencias a EEUU, Suiza e Inglaterra, a través de una empresa, añadió Nieto. La empresa mencionada, que opera en del sector inmobiliario, habría hecho transferencias a cuentas en esos países por el equivalente en pesos a casi un millón de dólares, otro envío de fondos a una empresa fiduciaria en Suiza, que desde EEUU envió fondos al Reino Unido por 49,1 millones de dólares. Nieto hizo el anuncio en una presentación de los principales casos de corrupción y lavado de dinero que investiga el Gobierno federal.
"La fiesta se acabó", dijo Nieto al anunciar que la vigilancia de las normas financieras ha cambiado con la administración que comenzó en diciembre de 2018.
Nieto exhortó a las compañías a que regulen sus situaciones fiscales ante las instancias del Gobierno federal. La UIF depende de la secretaría federal de Hacienda, creada en 2004 para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al crimen organizado y el terrorismo.

Miles de cuentas congeladas

En los últimos meses, la UIF ha ordenado congelar 12.191 cuentas bancarias relacionadas con diversos delitos de lavado de dinero, mediante "empresas fachadas que emitían facturas", hasta el dinero del robo de combustible. En esas cuentas hay el equivalente en pesos de más de 290 millones de dólares, y otros 52 millones de dólares más, originados en posibles delitos de "robo de hidrocarburo, corrupción política, trata y tráfico de migrantes, empresas fachada, 'factureras' [emisoras de facturas falsas], aduanas, secuestro y tráfico de armas". Nieto explicó "tres modalidades" principales para la defraudación fiscal y financiera detectadas por las autoridades. "La primera es la empresa fachada, que son domicilios que no corresponden al perfil de las empresas", explicó el funcionario. Por ejemplo, en un mismo domicilio de la Ciudad de México había casi un millar de empresas registradas, y otras empresas de "fachada" sacaban dinero a China. La segunda modalidad es la "facturación apócrifa", que consiste en "simular operaciones para que las empresas paguen menos impuestos". Y la tercera es el outsourcing o subcontratación, "que afecta los derechos de los trabajadores y es una defraudación al seguro social", por la evasión del pago de derechos sociales. Presentó el caso de una red de trata de personas, por la cual son investigados "un pastor y seis personas relacionadas con un grupo religioso, por pornografía infantil y explotación sexual". También ha sido desarticulada una célula de secuestradores y otra de narcotráfico, informó Nieto sin más detalles. La UIF desarticuló también una "supuesta comercialización de tiburón para el transporte de drogas hacia EEUU". Otro hallazgo fue una comercializadora de medicamentos que tuvo contratos con la pasada administración federal, por unos 4.700 millones de dólares, cuyo nombre no reveló. López Obrador dijo que el informe de la UIF fue presentado por "la transparencia, regla de oro de la democracia". Sin afectar el debido proceso legal, el objetivo es "que se sepa qué estamos haciendo con el propósito de desterrar la corrupción", agregó.
Puntualizó que "por la corrupción hay una monstruosa desigualdad económica y social, se perdieron valores, se desató la inseguridad y la violencia".
Nieto dijo que en 15 meses de la actual administración la UIF ha presentado 177 denuncias penales que abarcan depósitos de más de 321.000 de pesos (casi 17.000 millones de dólares).
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