Pleno del Tribuna Estatal Electoral aprueba acuerdo de austeridad y disciplina del gasto público

Pleno del Tribuna Estatal Electoral aprueba acuerdo de austeridad y disciplina del gasto público
Durante la Sesión Pública de Pleno, del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, realizada este jueves 26 de enero los magistrados electorales, Mtro. Carlos Eduardo Vergara Monroy, Lic. Joaquín Manuel Beltrán Quibrera y Lic. Augusto Raúl Jiménez Beltrán, aprobaron de manera unánime el “Proyecto de Acuerdo de Austeridad y Disciplina del Gasto Público”, presentado por el Magistrado Presidente, Vergara Monroy, con la finalidad de que este órgano jurisdiccional especializado en materia electoral, se sume a las políticas de austeridad, racionalidad y optimización del gasto público, que han implementado tanto el gobierno de la República, encabezado por el Presidente, Enrique Peña Nieto, y el mandatario estatal, Carlos Mendoza Davis, al que de manera responsable se han sumado las instituciones electorales a nivel nacional y hoy compete al Tribunal Estatal Electoral, hacer un pronunciamiento firme al respecto. En este sentido el Magistrado Presidente, Mtro. Carlos Eduardo Vergara Monroy, resaltó que este importante Acuerdo, obedece a la situación económica y financiera de nuestro país, en el que existen más de 55 millones de mexicanos que viven en la pobreza, según datos de CONEVAL y se advierte un riesgo de incrementar el número de pobres, por la reciente alza de los combustibles y la devaluación del peso frente al dólar, ante este panorama las autoridades electorales no estamos exentas de tomar las medidas de austeridad y disciplina en el gasto de los dineros públicos, lo cual nos permitirá ser mucho más eficientes y responsables con los recursos que en el caso concreto del Ejercicio Fiscal 2017, del Tribunal ascienden únicamente a $ 9,000,000.00 (Nueve millones de pesos 00/100 M.N) anuales, siendo el más bajo de los tribunales electorales en el país. Cabe destacar que el contenido de dicho “Acuerdo de Austeridad y Disciplina del Gasto Público”, incluye entre otras medidas las siguientes: El Tribunal deberá sujetarse al monto autorizado en el presupuesto, por consiguiente, no deberá adquirir compromisos que rebasen el Ejercicio Fiscal, y se deberá de abstener de presentar solicitudes de pago con cargo al presupuesto cuando éstos rebasen los montos máximos autorizados por capítulo y partida. Lo anterior no implica, que previniendo las cargas de trabajo que se avecinan en el Proceso Electoral 2017-2018, sea contratado el personal jurídico, siempre y cuando lo permita el Presupuesto de Egresos, para cubrir las funciones sustantivas del Tribunal; Los sueldos, prestaciones y remuneraciones al personal deberán ajustarse estrictamente a lo previsto en el Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Tribunal vigente y al Presupuesto de Egresos vigente. La Dirección de Administración en el ámbito de su competencia, diseñará y propondrá las medidas de racionalidad en las remuneraciones de los servidores públicos, que sean acordes al desempeño de las funciones desarrolladas en el Tribunal; Se prohíben gastos relativos a comunicación social en periódicos, revistas, televisión y radio; Se prohíben gastos por gasolina para cualquier servidor público del Tribunal, en la utilización de vehículos propios u oficial, con fines personales; Con el propósito de cumplir con las medidas de austeridad se limitará el uso de telefonía convencional, larga distancia y llamada a teléfonos celulares mediante controles y política que determine la Dirección de Administración. El costo de las llamadas de larga distancia y a teléfonos celulares que no se hagan por motivos oficiales, será por cuenta del servidor público que realice la llamada. Finalmente es importante destacar que desde que inició funciones el actual Pleno del Tribunal Estatal Electoral, el día 9 de octubre de 2014, ha implementado medidas de austeridad, ya que no se han pagado líneas telefónicas a ningún servidor público, los gastos de gasolina han sido únicamente los indispensables de carácter oficial, no se han proporcionan viáticos innecesarios, no se han realizado gastos en comunicación social, se ha reducido la contratación de personal, como es el caso de contar con dos proyectistas solamente, debiendo ser tres, uno por cada magistrado.
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